Uno de los ejes básicos de la política de vivienda del Ayuntamiento es garantizar el mantenimiento de este derecho a las familias con riesgo de exclusión social. Para alcanzar este objetivo, existen diferentes líneas de ayudas dirigidas a diversos colectivos, así como una línea de prestaciones económicas de especial urgencia. Estas últimas tienen como finalidad detener la acción de desahucio judicial por impago del alquiler, o de embargo de la vivienda por impago de cuotas hipotecarias, y posibilitar la permanencia de la persona solicitante y su familia.
La Oficina Local de Vivienda (OLH), ubicada en la sede de la empresa municipal Gramepark, es una herramienta fundamental del Ayuntamiento para desplegar estas políticas de vivienda.
De las 494 viviendas públicas de alquiler que gestiona el Ayuntamiento, 188 pertenecen a la Bolsa de Vivienda Social de Gramepark y se destinan a dar una solución habitacional a familias vulnerables. En los últimos 4 años esta bolsa de alquiler social se ha triplicado, en 2019 se disponía sólo de 62 viviendas para personas en situación de vulnerabilidad.
Tipología de ayudas
La Oficina de Vivienda tramita anualmente las ayudas para el pago del alquiler que convoca la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) y también gestiona las subvenciones para el pago del alquiler del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA ).
Cada año se abren diferentes convocatorias, unas para renovar prestaciones de años anteriores y otras para nuevos solicitantes.
En el último año, la OHL tramitó 1.732 solicitudes en las diferentes convocatorias de ayudas para el pago del alquiler, por un importe global de 3.005.268 euros.
Estas ayudas se otorgan por concurrencia competitiva y existen unos baremos para priorizar a los colectivos más vulnerables (personas mayores, familias numerosas o monoparentales, personas con discapacidad, etc.).
Detección y reducción de la pobreza energética
El Punto de Asesoramiento Energético (PAE), ubicado en la sede de la empresa municipal Gramepark, tiene como objetivo prevenir, detectar y luchar contra la pobreza energética, así como garantizar el derecho a los suministros básicos -agua, luz y gas- que contempla la legislación, y mejorar la eficiencia energética de los hogares colomenses.
Es un servicio municipal al que puede acceder toda la ciudadanía, independientemente de su situación socioeconómica, que quiera reducir el gasto de los suministros, mejorar el confort térmico del hogar o que requiera soporte para acogerse a alguna medida de protección a personas vulnerables .
El Punto de Asesoramiento Energético (PAE) realizó en 2023, 2.432 atenciones a la ciudadanía, 843 relacionadas con informes de vulnerabilidad, que beneficiaron indirectamente a 5.853 personas (incluyendo un alto porcentaje de menores).
Uns 1.600 expedients sobre contractes i rebuts
Es van tramitar 1.589 expedients relacionats amb els contractes i rebuts dels subministraments bàsics, que feien referència a canvis contractuals, accés al bo social, ajuts als pagaments i reconnexions del servei. S’han gestionat 765 del rebut de l’aigua, 560 del qual són consultes referents als ajuts per pagar-lo; 686 del de la llum; i 138 del gas amb un increment significatiu dels dubtes de les persones consumidores sobre els canvis contractuals que afecten aquest subministrament.
El grau de satisfacció de la ciutadania respecte al servei d’assessorament energètic es manté en l’excel·lència, un 9,93 el 2023, amb una pujada de 2 dècimes respecte a 2022, segons les darreres enquestes de satisfacció que es fan a les persones usuàries.