Los convenios establecidos por el Ayuntamiento con Cruz Roja y Cáritas para el pago de las deudas, con las entidades bancarias y la Agència Catalana de l’Habitatge para que cedan pisos vacíos para alquiler social y con entidades como Habitat 3 para ampliar el número de viviendas sociales son, junto al trabajo de los Servicios Sociales, servicios de mediación y Oficina Local d’Habitatge (OLH), algunas de las medidas de protección adoptadas para evitar que alguien se quede en la calle en cumplimiento de la ley 4/2016, que contempla el derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.
Santa Coloma ha promovido en el último año la puesta en marcha de la Taula Local d’Habitatge como espacio de reflexión y propuestas entre profesionales y entidades con el fin de dar respuesta a la problemática de vivienda en la ciudad. La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), movimiento ciudadano solidario por la defensa del derecho a la vivienda, es un miembro activo de la Taula. Aquí, de forma regular, se informa o analizan los casos de emergencia detectados.
En nuestra ciudad los efectos de la crisis se han visto reflejados especialmente en la demanda al Ayuntamiento de ayudas sociales para cubrir las necesidades básicas relacionadas con la vivienda. El año pasado, casi mil familias solicitaron a la Oficina Local d’Habitatge (OLH) ayuda para pagar el alquiler. Comunicar a la OLH la situación de vulnerabilidad antes de llegar al impago y contactar con los Servicios Sociales municipales evita situaciones de alzamiento judicial y permite buscar los recursos de urgencia necesarios.
En este sentido, en 2016, el Ayuntamiento invirtió en prestaciones sociales más de 385.000 euros y la mitad de estos fue destinada a ayudas de la vivienda (pagos hipotecarios, de alquiler o de mantenimiento y suministros), y se asignaron 41 pisos sociales mediante la Mesa d’Emergències de la Generalitat (38 cedidos a través del convenio de la Agència Catalana de l’Habitatge con la entidad bancaria BBVA). Recordemos que las entidades financieras están obligadas por ley a comunicar los expedientes de desahucios que pongan en marcha.
La situación de crisis no parece haber mejorado. En los dos primeros meses de 2017, los Servicios Sociales Municipales han actuado en 51 desahucios con el objetivo de pararlos, lograr una vivienda social o buscar una alternativa residencial.
El alto nivel de demanda de viviendas en alquiler social manifestado por la ciudadanía supone para el Ayuntamiento un esfuerzo constante en la búsqueda de nuevas viviendas para ampliar el parque público.
Actualmente, el parque de viviendas municipales es de 261 pisos, todos ellos alquilados. Para ampliarlo se han establecido convenios como el que el pasado noviembre se firmó con Habitat 3, que permitirá ampliar en 15 el número de pisos sociales de la ciudad durante este año.
El Ayuntamiento de Santa Coloma, junto a otros ayuntamientos metropolitanos, forma parte de un grupo de trabajo para la adopción de medidas que hagan frente a la emergencia habitacional, y para elaborar políticas estructurales que avancen en el reconocimiento de una vivienda digna en Catalunya.
