La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha presentado este lunes 12 la nueva iniciativa municipal, sobre la que ha dicho que va dirigida “a una generación, la millennials, que sufre muchas dificultades para acceder a una vivienda”. La alcaldesa destaca que estas nuevas ayudas “se suman a los esfuerzos que el Ayuntamiento ya realiza en materia de rehabilitación, como por ejemplo las áreas de conservación y rehabilitación (ACR), y para atender el pago de suministros o el alquiler de la vivienda con el fondo de contingencia social”.
El objetivo es doble. El primero es movilizar las viviendas de propiedad privada que están vacías y que no pertenecen a grandes tenedores. Estas viviendas son susceptibles de ser ocupadas ilegalmente, hecho que genera problemas de convivencia (esta problemática, lamentablemente, se produce en muchas ciudades del área metropolitana). El segundo objetivo consiste en ofrecer ventajas y garantías a través de esta fórmula como incentivo para evitar precios abusivos. Las bases para formalizar estas subvenciones, que están siendo elaboradas actualmente por los servicios técnicos municipales, entrarán en vigor a partir del próximo mes de septiembre.De este modo, el Ayuntamiento facilitará el proceso de emancipación de 'millennials' (personas nacidas en las décadas de los 80-90 que tienen dificultades importantes para emanciparse). El programa no sólo consiste en ayudas —la mayor prestación será de 200 euros mensuales durante un máximo de 5 años—, sino que facilita la mediación entre la propiedad, las gestorías o los agentes inmobiliarios y las personas arrendatarias.La partida económica que el Ayuntamiento prevé destinado al fondo de ayudas al alquiler, durante los próximos tres años, es de tres millones de euros.Prestaciones del fondo• Mediación para fomentar el alquiler.• Ayudas en la formalización del contrato. Consiste en la financiación de los gastos de gestoría y los dos meses de fianza.• La ayuda municipal máxima será de 200 euros mensuales, que se asignarán en función de los ingresos de la persona beneficiaria.• El alquiler de la renta mensual no tendrá que superar los 650 euros porque esta medida contribuye a combatir los precios abusivos en el mercado.• Las persones arrendadoras, que alquilen su vivienda por un máximo de 500 euros mensuales, tendrán como contrapartida que el Ayuntamiento asumiría los recibos impagados durante la vigencia del contrato en caso de impago de la persona arrendataria.• Todas las viviendas estarán cubiertas por una póliza de seguros, de forma obligatoria, para atender los posibles desperfectos que se pudieran ocasionar durante el alquiler.• A modo de ejemplo, uno/a millennial que acceda a la ayuda máximo del alquiler de 200 euros mensuales, obtendrá:-2.400 euros al año en concepto de ayuda municipal al pago del alquiler.- la fianza de dos meses y los gastos derivados de la formalización del contrato.Con esta nueva partida presupuestaria, el Ayuntamiento corrige también los defectos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021(PEV) que ha anunciado el Gobierno central.El gobierno municipal considera que el PEV 2018-2021 no tiene:•Financiación suficiente para incrementar el parque público de vivienda de protección oficial.• Medidas concretas para potenciar nuevas iniciativas de vivienda pública, como las que ya estamos explorando en Santa Coloma de Gramenet con el objetivo que el suelo sea siempre público, como las cooperativas en cesión de uso (covivienda) o los derechos de superficie.• Valentía para conminar la SAREB y las entidades financieras para que faciliten a los municipios su parque de viviendas para alquiler social.• Concreción en la definición de las políticas de rehabilitación de viviendas.• Medidas que limiten o acaben con los beneficios fiscales de los grandes tenedores y de las sociedad especulativas.• Programa con medidas concretas para combatir las ocupaciones ilegales de viviendas, provocadas por determinadas mafias organizadas, que tanta alarma social generan en los municipios.La alcaldesa Núria Parlon critica que “una vez más, el Gobierno central ignora la problemática que sufren las personas para acceder o mantener una vivienda. Y también ignora la realidad de los ayuntamientos, que son las administraciones a las cuales acude la ciudadanía. Para el Gobierno central, las personas quedan muy lejos”.