La alcaldesa de esta ciudad, Núria Parlon, que estaba acompañada del teniente de alcalde de Urbanismo, Jordi Mas, señaló hoy en rueda de prensa que se pedirá a todas las entidades bancarias que se esfuercen en ocupar sus viviendas vacíos desde hace más de dos años, ya sea mediante un alquiler o una venta a precios ajustados, y que si esto no se hace a corto plazo "se actuará con contundencia-ha añadido la alcaldesa-aplicando la Ley Catalana de Vivienda, que permite imponer sanciones con importes que pueden llegar al novecientos mil euros ".Apoyo a las comunidades de vecinos y vecinasCon el objetivo de apoyar a las comunidades de vecinos y vecinas mediante un mecanismo municipal de acción directa para luchar contra los casos de mal uso de las viviendas vacías (ocupaciones ilegales, incivismo en los espacios comunes, ruidos y actividades ilegales o molestas) el Ayuntamiento ha puesto en marcha un programa de acción específico para este tema. El denominado Plan de acción contra el mal uso de las viviendas (PACMUH) ha sido presentado por la alcaldesa Núria Parlon hoy miércoles los medios de comunicación, a los que remarcó que este nuevo programa de trabajo es fruto del esfuerzo conjunto y coordinado los diversos departamentos municipales, entre los que destacó Disciplina Urbanística, Actividades, Mediación, Servicios Sociales y Policía Local.El antecedente a la puesta en marcha del PACMUH se remonta al pasado mes de marzo, cuando se inició una campaña exhaustiva de inspecciones por parte de los departamentos de Disciplina Urbanística y de Policía Local, en ámbitos prioritarios, previo informe favorable de valoración del servicio de mediación. En los cuatro primeros meses de funcionamiento del protocolo, se han abierto 57 casos.Coordinación y trabajo de equipoEl equipo municipal que interviene en el PACMUH se pone en marcha cuando recibe una queja vecinal (a través de la alcaldía en los barrios, las concejalías de distrito o de los distintos servicios municipales). El servicio de mediación analiza el caso y hace un informe de valoración. Según la situación, deriva el caso o activa el plan de acción, que se inicia con una inspección conjunta de la Policía Local y Disciplina Urbanística. Fruto de estas inspecciones se detectan las siguientes casuísticas (a menudo coincidentes en una misma vivienda): conexión fraudulenta de la instalación eléctrica del domicilio a la de la comunidad, ocupaciones ilegales de una vivienda, centros de recogida y pensiones ilegales o locales convertidos y • legalmente en viviendas.Los pisos propiedad de los bancosSe ha detectado que buena parte de los pisos focos de conflicto son propiedad de bancos. Se está ofreciendo a las entidades financieras la posibilidad de que la bolsa de alquiler de la Oficina Local de Vivienda, que cuenta en estos momentos con una lista de espera de más de 400 personas, gestione el alquiler de estos pisos. Se da el caso que muchas de estas viviendas llevan más de dos años desempleados, infracción muy grave según la Ley catalana de la vivienda, dado que al pasar esto los hogares incumplen su función social.El Ayuntamiento, amparándose en esta Ley, multará aquellas entidades que, manteniendo tanto tiempo los pisos vacíos, no agilicen medidas para ponerlos a disposición de la ciudadanía, vía compra con precios ajustados, o alquiler, sea a través de la Bolsa de Vivienda o de cualquier otra fórmula. Las sanciones pueden alcanzar los 900.000 euros.