El Pleno del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet tiene previsto aprobar esta tarde, entre otros temas, la renuncia de los miembros de la Corporación en su paga extra de diciembre, como medida de solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras del propio Ayuntamiento, y también pedir a todos los cargo directivos que hagan lo mismo.
Dicha renuncia forma parte de los diversos acuerdos que propone una moción que ha impulsado la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, y que se presenta bajo el título "Contra los recortes laborales adoptadas por el Ejecutivo central y la supresión de la paga extraordinaria de Navidad".
La renuncia a la paga extra de diciembre por parte de los concejales y concejalas de Santa Coloma se propone, según la alcaldesa "como medida de solidaridad con los trabajadores del Ayuntamiento, en caso de que finalmente no se encuentre otra solución que permita resolver favorablemente sus intereses, haciendo compatible el cumplimiento de la legalidad con la negociación que actualmente lleva a cabo el Ayuntamiento con sus representantes".
Recortes estatales a la función pública
Al respecto, la alcaldesa ha querido mostrar su preocupación y solidaridad por el colectivo de las personas que trabajan para el Ayuntamiento. Y, en este sentido ha dicho que "las reiteradas recortes de sueldo que están sufriendo las personas que trabajan en la función pública son consecuencia de unos acuerdos tomados por el Gobierno del Estado sin valorar suficientemente la repercusión social y la falta de poder adquisitivo que esto genera".
Núria Parlon ha añadido también que "estos recortes sistemáticas de sueldo al personal funcionario o laboral de la administración están suponiendo una pérdida paralela de derechos sociales que había costado mucho años conseguir".
Pérdida de bienestar ciudadano
La alcaldesa remarcó también que "los ayuntamientos, y nuestro de manera especial porque somos una ciudad con pocos recursos propios, están sufriendo una pérdida irreparable de capacidades decisorias. Y esto es más que una crisis económica, ya que genera una pérdida también del bienestar de la ciudadanía y de los trabajadores de nuestros municipios".
Según Núria Parlon, "el Gobierno central, con sus acuerdos, está haciendo una injerencia indiscriminada en la capacidad decisoria que debemos tener los alcaldes y los concejales y concejalas, que también somos representantes legítimos y directos de las personas de nuestro entorno y somos los primeros que sentimos sus necesidades y demandas".