La treintena de familias que fueron desalojadas por riesgo de derrumbe en la calle Pirineus, 9-11 de Santa Coloma de Gramanet en febrero del 2024, (29 viviendas más 2 locales) recibieron ayer un segundo proyecto de rehabilitación de un importe medio por vivienda afectada de unos 15.357,19 euros. El importe supone, de media, la reducción en unos 60.000 euros respecto a la primera alternativa de reforma encargada al Consorcio Metropolitano de la Vivienda, que alcanzaba los 2,2 millones euros, con una repercusión media por vivienda de 71.645,04 euros en el supuesto más bajo.
Este nuevo proyecto presentado por el Ayuntamiento a las personas afectadas y encargado por el propio consistorio para dar una solución viable ante la preocupación de los vecinos y vecinas desalojados, propone una serie de actuaciones imprescindibles para garantizar la seguridad de las viviendas, sin proyectar reformas que vayan más allá de los mínimos para una rehabilitación y conservación que garantice la seguridad estructural.
La alcaldesa, Mireia González, afirma que "desde que tuvieron que abandonar su casa hemos trabajado en dos cuestiones fundamentales: asegurar una solución habitacional temporal y apoyar encontrar una solución asumible. El primer proyecto presentado incluía en diferentes supuestos soluciones integrales y de mejora de eficiencia energética del edificio". Las mejoras en eficiencia energética son obligatorias para poder optar a las ayudas de fondos europeos, como las NextGenerationUE. González recuerda que "en el primer escenario el coste por familia era prácticamente inasumible. Adquirimos el compromiso con vecinos y vecinas de seguir trabajando en un proyecto más asequible y lo hemos cumplido. Se han priorizado las actuaciones necesarias para asegurar la habitabilidad y que puedan volver a sus viviendas con garantías".
Desde los servicios municipales se recuerda que la comunidad debería en un futuro seguir haciendo mejoras y asegurar un mantenimiento adecuado del edificio. El Área de Urbanismo estudia el encaje del proyecto en el sistema de las ACR's (Áreas de Conservación y Rehabilitación) desarrollado en otros edificios de la ciudad donde la comunidad encarga la rehabilitación con la firma de un convenio en el que el Ayuntamiento ejerce de agente promotor y financiador, encarga el proyecto, ejecuta las obras y repercutes u coste sobre las personas propietarias mediante cuotas de rehabilitación.
"La vivienda, y en concreto las políticas públicas orientadas a la rehabilitación, debe ser prioritaria para las administraciones competentes. El reto que compartimos los municipios, especialmente del Área Metropolitana, es enorme. En este sentido, Santa Coloma tiene mucho que aportar, ya que ha sido pionera en los modelos de colaboración público-privados, como las ACR" asegura Mireia González.